“LOS AUMENTOS A LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y AL GAS NATURAL SON INCONSTITUCIONALES, ILEGALES, ARBITRARIOS E INJUSTOS”
El Partido Socialista denuncia que los aumentos en las tarifas de electricidad y gas natural impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional son inconstitucionales, porque no se convocó previamente a una audiencia pública, como lo entendió la justicia en innumerables resoluciones en función del artículo 42 de la Constitución Nacional.
Son ilegales, porque rigen con retroactividad cuando el consumo había sido realizado en el bimestre anterior. Además, porque se establece un distinto valor del Kw./h. de electricidad y del metro cúbico del gas natural según sea el consumo realizado, cuando el costo tanto de generación, como del transporte y distribución es siempre el mismo, y porque se establece un valor diferente si se utiliza la electricidad y el gas natural dentro de las viviendas, o en los lugares comunes de los edificios en propiedad horizontal. A ello hay que agregar que el Decreto 2067/68, que dispuso los aumentos del gas natural lo denominan “cargo tarifario” que no esta vinculado con los costos que componen la tarifa sino con las necesidades de importación, configurando claramente un impuesto, y como tal debe ser discutido en el Congreso Nacional.
Son arbitrarios, porque se establece un castigo para quienes consumen mas del 90% de lo que gastaron en el mismo bimestre del año 2003, y premian a quienes consumen por debajo de ese porcentaje, tal como surge del (PUREE) Programa del Uso Racional de la Energía Eléctrica.
Son injustos porque no solamente los sectores sociales de alto poder adquisitivo consumen una mayor cantidad de electricidad, sino también hay sectores sociales muy pobres que terminan siendo electro dependientes, porque no tienen gas natural por redes, a los que luego se los obliga a demostrar esa situación para quedar exceptuados del pago de los aumentos.
En la misma situación que la anterior, se encuentran los aumentos inconsultos y arbitrarios decretados en los boletos de trenes de pasajeros, subterráneos, premetro y colectivos de jurisdicción nacional, como así también, los aumentos en el valor de los peajes, de las Autopistas Oeste y Norte de acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, basados en los mismos criterios del nefasto régimen de la era menemista.
El Poder Ejecutivo Nacional perdió una magnifica oportunidad para renegociar los contratos de concesión de las empresas de servicios públicos, en el marco de la Ley 25.561 de Emergencia Económica, que fueron privatizados en la década de los años ’90, para terminar otorgando mayores beneficios y privilegios a empresas que no hicieron inversiones para mejorar la calidad de los servicios, y que giraron a sus casas matrices ubicadas en el exterior, las enormes ganancias que obtuvieron en el país.
El Partido Socialista continuará luchando para lograr la eliminación de los aumentos decretados hasta tanto no se abra un debate en el Congreso Nacional, y se convoquen Audiencias Publicas, para que los usuarios tengan la posibilidad de conocer las estructuras de costos de las empresas, la política de subsidios que piensa según el gobierno nacional, y los planes de inversiones previstos por las empresas para ampliar y mejorar la calidad de los servicios.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2009
